La pasada semana quedaron en libertad Pernando Barrena, Txema Jurado (ex edil de Atarrabia) y otros 5 militantes independentistas. Todos ellos pagaron una fianza de 50.000€ cada uno y recibieron una prohibición expresa por parte del juez para hacer política, tomar parte en manifestaciones o reuniones… etc. De esta manera dejan en evidencia el motivo por el cual fueron encarcelados: trabajar en favor del proyecto independentista en Euskal Herria.
Alrededor de 400 personas celebraron ayer domingo en Berriozar la puesta en libertad de Pernando Barrena, al tiempo que han denunciado que siga pendiente de juicio por sus ideas políticas, con una manifestación que recorrió varias calles de la localidad bajo el lema -Eskubide politikoen alde- (Por los derechos políticos). La ausencia de Barrena ha reflejado precisamente la ausencia de derechos civiles y políticos que padecen cada vez más ciudadanos vascos.
Precisamente Carlos Barrena, el hermano de Pernando, leyó un manifiesto en el que aseguraba que estaban de "enhorabuena" porque Pernando "está en la calle". Sin embargo, se refirió a los 50.000 euros que ha tenido que pagar de fianza como un "chantaje". "Es el precio por la libertad, el pago del rescate por un secuestro", declaró Carlos Barrena..
«Por lo tanto, antes de haber ido a juicio ya tenemos a Pernando sin poder ejercer actividad política alguna, sin poder ejercer los derechos que, supuestamente, le corresponden. ¿No lo recoge así la Constitución española?», se preguntaron con un punto de ironía. Y la respuesta la dieron ellos mismos: «Nosotros no creemos en dicha Constitución, pero son los mismos jueces españoles quienes demuestran que es papel mojado, que lo que dice no es cierto y no se cumple, no sirve para nada. Pernando Barrena, como toda la izquierda abertzale y como toda persona que pretenda la independencia de este pueblo, tiene sus derechos políticos y civiles mermados, cercenados, en cuarentena y sin posibilidad de ser ejercidos».
Una vez terminado el acto, numerosas personas pudieron saludar a Pernando Barrena en una sociedad de Berriozar. La Justicia española no lo incluye en sus prohibiciones. Todavía
Debemos denunciar las condiciones impuestas por la Audiencia Nacional. La fianza de 50.000 euros supone un chantaje económico en toda regla. Además, las condiciones impuestas en torno a su actividad política dejan en evidencia el motivo por el cual fue encarcelado: trabajar en favor del proyecto independentista en Euskal Herria, lo cual hoy en día es un grave delito en el Estado de excepción impuesto en este Pueblo. Por ello queremos denunciar de nuevo la vulneración de derechos civiles y políticos que se produce en Euskal Herria.
